Antecedentes:
La clienta es una maestra de 59 años de Guatemala. Ha trabajado toda su vida y contribuido económicamente a las cuotas obligatorias del sistema de seguridad social del país.
Fue diagnosticada con cáncer, concretamente de "linfoma no Hodgkin difuso de células B de alto grado". Esta enfermedad inflamatoria, compleja y agresiva provoca una grave incapacidad física y una gran fatiga psicológica.
Desde que se la diagnosticaron, había seguido varios tratamientos, incluida la quimioterapia. Obtuvo estos primeros medicamentos a través de fundaciones benéficas y de la seguridad social de Guatemala. Por desgracia, todos los tratamientos fueron infructuosos.
Los médicos observaron que sufría una recaída del cáncer. En consecuencia, basándose en estudios de organismos de Estados Unidos y Europa, sus médicos le prescribieron un tratamiento que incluía los siguientes medicamentos: Bendamustina, Rituximab y Polatuzumab Vedotin. Estos medicamentos serían esenciales para los pacientes con su enfermedad.
Según las recomendaciones médicas, debía iniciar el tratamiento lo antes posible para preservar su vida. Por lo tanto, la medicación era urgente para poder completar su tratamiento. Sin embargo, las instituciones de seguridad social de Guatemala no le suministraron la medicación prescrita.
Durante sus múltiples citas en la Institución, solicitó constantemente su medicación, expresando verbalmente su preocupación. Lamentablemente, las autoridades ignoraron su situación y sus peticiones. Presentó una carta solicitando su medicación para atender sus necesidades médicas, pero no se le administró el tratamiento que necesitaba.
La clienta tuvo que emprender acciones legales para intentar luchar contra el cáncer.
El papel de la GtD Impact Foundation:
La Clienta se puso en contacto con la Fundación a través de un contacto.
La Fundación preparó y presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en representación de la Clienta.
En esta acción, la Fundación alegó que la Institución puso en riesgo la integridad, el estado de salud y la vida de la Cliente al no suministrarle el tratamiento contra el cáncer. Además, alegamos que la Institución violó su obligación constitucional de garantizar el bienestar, la seguridad social y el acceso a la atención sanitaria.
Los argumentos específicos destacados por la Fundación fueron los siguientes:
1. Con la negativa de la Institución a proporcionarle su medicación, la Institución estaba violando el derecho constitucional a la vida de la Clienta.
2. Con la negativa de la Institución a suministrarle a la Clienta su medicación, la Institución estaba violando la normativa local e internacional que protege el derecho humano constitucional a la salud.
3. Con la negativa de la Institución a proporcionarle su medicamento, la Institución violaba su obligación constitucional de proporcionarle medicamentos en el sistema de seguridad social prescrito en la Constitución y de hacerlo de manera asertiva.
4. Con la negativa de la Institución a proporcionarle su medicamento, la Institución violó su obligación de proporcionar seguridad social, régimen establecido en la Constitución.
5. Con la negativa de la Institución a suministrarle su medicamento, la Institución estaba violando todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala que garantizan la vida y la salud.
Resultado y situación actual:
La acción constitucional exigió a la Corte de Constitucionalidad que ordenara a la Institución proporcionar a la Clienta su medicamento.
La clienta obtuvo resultados positivos a través de la Fundación. Conseguimos que se le suministrara todo el medicamento necesario para su tratamiento completo.
Las instituciones públicas deben cumplir con sus responsabilidades sin intervención judicial. Aún así, nos complace anunciar que, gracias a nuestro trabajo, la clienta ha recibido tres dosis de tratamiento y ahora está LIBRE DE CÁNCER.
Le deseamos a nuestra clienta una total recuperación y la llevamos siempre en el corazón de nuestro equipo.
Resolución: CON LUGAR
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